Impacto del crimen organizado y sus extorsiones en la economía.

Impacto del crimen organizado y sus extorsiones en la economía 

Por: Límberg Chero 

Las extorsiones y el crimen organizado erosionan las bases económicas de las sociedades, afectando la inversión, el empleo, los ingresos fiscales y el bienestar social. Su efecto es particularmente devastador en economías emergentes, donde las instituciones son más vulnerables y la capacidad de respuesta del Estado es limitada.

El impacto del crimen organizado y las extorsiones en la economía es profundo y multifacético, afectando tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. 

Aquí se destacan los principales efectos:

1. Pérdida de inversión: Las extorsiones y la violencia asociada al crimen organizado generan un ambiente de inseguridad que disuade la inversión extranjera y local. Empresas, especialmente pequeñas y medianas, se ven obligadas a cerrar o a desinvertir debido a la constante amenaza de extorsión, lo que debilita la economía local.

2. Costos adicionales para las empresas: Las empresas que permanecen en regiones afectadas por el crimen organizado deben asumir mayores costos de operación, como el pago de extorsiones (conocido como "vacunas"), contratación de seguridad privada, o incluso el traslado de sus actividades a otras zonas más seguras. Estos costos adicionales reducen su rentabilidad y competitividad.

3. Reducción del empleo: La extorsión y el crimen organizado afectan la capacidad de las empresas para crecer y contratar empleados. En muchas ocasiones, los empresarios cierran operaciones, lo que lleva a una contracción en el empleo formal. Esto genera mayor informalidad y desempleo, lo que agrava la desigualdad económica.

4. Desplazamiento de sectores productivos: En algunos sectores clave, como la construcción, el transporte y la agricultura, el crimen organizado ejerce un control significativo. En muchas regiones, el temor a las extorsiones fuerza a los empresarios a reducir sus actividades o a abandonar por completo el sector, lo que repercute en la producción local y la oferta de bienes y servicios.

5. Evasión fiscal: Las actividades criminales generan una disminución en la recaudación fiscal, ya que muchas empresas prefieren operar en la informalidad para evitar ser detectadas tanto por los criminales como por el Estado. Además, las ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas no se reportan ni se gravan, limitando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos.

6. Impacto en el desarrollo social: La presencia del crimen organizado reduce la calidad de vida en las comunidades afectadas, ya que, además de la inseguridad, disminuye el acceso a servicios básicos, educación y salud, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social.

7. Fuga de talentos: El clima de inseguridad y violencia fuerza a muchas personas cualificadas y profesionales a abandonar regiones afectadas o incluso el país, buscando oportunidades en lugares más seguros. Esto afecta el desarrollo económico local y limita las posibilidades de crecimiento y recuperación de las áreas dominadas por el crimen organizado.

Qué hacer?

Es fundamental que la ciudadanía asuma un rol activo en la lucha contra el crimen organizado, no solo denunciando estos actos, sino también exigiendo a sus autoridades que tomen acciones concretas y efectivas. A través de los mecanismos de participación democrática, como las audiencias públicas, la presentación de denuncias formales y el control social, los ciudadanos pueden ejercer presión sobre las instituciones del Estado para que prioricen la seguridad y refuercen la inteligencia y los operativos contra el crimen. El silencio o la indiferencia solo refuerzan la impunidad, por lo que es imprescindible que cada individuo haga valer su voz.

Además, el papel del ciudadano como votante es crucial. La elección de autoridades comprometidas y competentes no solo es un derecho, sino una responsabilidad cívica. Los peruanos deben evaluar cuidadosamente a los candidatos y sus propuestas en materia de seguridad y justicia, para asegurarse de que sean capaces de implementar políticas que fortalezcan las instituciones del Estado y reduzcan el impacto del crimen organizado en la economía y la sociedad. Elegir líderes que no tengan vínculos con redes corruptas o criminales es un primer paso para garantizar que los recursos públicos se utilicen correctamente en la protección de la población y el desarrollo económico.