El Acuerdo Nacional (AN) es el espacio que representa – por lo menos en papeles – todas las voces del Perú organizadas (empezando por los partidos políticos, los cuales representan en teoría los ideales y objetivos de grupos importantes de la población). El Acuerdo busca, sobre la base de consensos, generar las políticas que nos dirán por dónde va el país a futuro. Ese futuro debe ser lejano pero posible de esquematizar. Entre 30 y 50 años por lo menos. En su página web[1] se pueden ver los detalles de quiénes las conforman y las actas de todas las reuniones. El AN ha tenido altas y bajas en los últimos tiempos. La crisis de partidos políticos verdaderamente representativos y los problemas de corrupción que ya conocemos han mellado los tiempos. No obstante, tenemos ya una visión del Perú al 2050.[2]. El resumen es el siguiente:
1. LAS PERSONAS ALCANZAN SU POTENCIAL EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SIN DISCRIMINACIÓN PARA GOZAR DE UNA VIDA PLENA
La acción del Estado, orientada al desarrollo humano en todo el territorio nacional, continúa centrada en superar la pobreza, en erradicar la discriminación y en asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades.
Ninguna persona pierde su potencial por causas evitables. El Perú ha superado la pobreza extrema y la pobreza multidimensional ha disminuido considerablemente. Se han reducido significativamente todas las formas de discriminación y las inequidades sociales provenientes de desigualdades territoriales. Asimismo, contamos con sistemas de protección que garantizan los derechos de la niñez, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
El Estado garantiza una educación pública y privada inclusiva, integral y de calidad en todos los niveles y modalidades. La formación en valores que brindan las instituciones educativas reafirma la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, la equidad de género, y prepara ciudadanos y ciudadanas con memoria histórica, pensamiento crítico y aspiraciones, para incorporarse de manera activa y responsable en la sociedad. Se promueve una educación para el trabajo, y se fomenta el desarrollo artístico y deportivo.
La educación pública asegura la igualdad de oportunidades atendiendo la diversidad cultural, social, territorial y lingüística del país. Se ha erradicado el analfabetismo. Las personas tienen acceso universal y gratuito a una educación pública inicial y básica. La educación superior se adecúa a las realidades y potencialidades de cada territorio. Se fomenta la formación científica, la investigación y el uso de y adaptación a nuevas tecnologías.
La comunidad educativa y los docentes son aliados estratégicos en las reformas educativas logradas. El acceso al cuidado y a la atención pública de la salud es universal, equitativo, oportuno y de calidad, con enfoque intercultural, en todo el territorio. Se fomentan estilos de vida saludable y la prevención de enfermedades. Los niveles de anemia, desnutrición crónica infantil y tuberculosis han disminuido notablemente. Se promueve el cuidado de la salud mental, sexual, reproductiva y bucal, así como la prevención y el control de enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas. Se garantiza la óptima atención en todos los niveles, priorizando el primer nivel como entrada al sistema de salud.
La familia es el espacio fundamental del desarrollo integral de las personas, donde se interiorizan los valores, y donde se fortalecen la autoestima y las habilidades de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se dan en un clima de paz y de respeto a la dignidad y a los derechos de sus miembros. Más familias acceden a viviendas dignas, con agua potable y saneamiento, en zonas seguras y adecuadas a su entorno. Nuestra vida comunitaria, en las ciudades, se desarrolla en espacios públicos seguros, que son lugares de encuentro de nuestra diversidad, de actividades culturales, deportivas, de ocio y de recreación.
2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA NATURALEZA Y MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
La gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas compromete a todos los actores de cada territorio del país, asegurando un desarrollo social y económico armónico, libre de contaminación y saludable para todas las personas en el tiempo, en un contexto de cambio climático.
Gestionamos de manera sostenible el territorio y sus servicios ecosistémicos. Protegemos nuestra diversidad geográfica marina, costera, andina -incluyendo los glaciares- y amazónica, conservamos la riqueza biológica y aprovechamos de manera eficiente y sostenible los recursos naturales. Para ello, se fomenta la educación e investigación ambiental, así como la participación responsable e informada del sector privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales; se regulan las actividades extractivas con elevados estándares ambientales, promoviendo el diálogo, la participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos originarios; se gestionan eficientemente los recursos hídricos para su uso racional, apropiado, equitativo y sostenible; se desarrollan mecanismos de producción y hábitos de consumo sostenibles; y se incentiva una eficiente gestión de residuos sólidos.
Hemos mitigado considerablemente los efectos del cambio climático reduciendo la deforestación de los bosques, implementado estrategias de reforestación y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. También se han implementado mecanismos de adaptación al cambio climático, generando resiliencia ante sus efectos. Hemos controlado considerablemente la degradación del suelo. La población asegura sus medios de vida, desarrolla capacidad de resiliencia y reduce su vulnerabilidad frente al riesgo de desastres, gracias a una cultura de prevención y acciones conjuntas entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil que conforman un sistema
nacional integrado para la gestión del riesgo de desastres.
3. DESARROLLO SOSTENIBLE CON EMPLEO DIGNO Y EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA
El crecimiento económico continuo, con competitividad, empleo digno y sostenibilidad ambiental se sustenta en el esfuerzo conjunto del Estado, las empresas, los trabajadores y la academia, en el marco de una economía social de mercado. Juntos hemos logrado una educación que genera talento humano calificado; una reducción significativa del déficit en infraestructura; un clima político y jurídico favorable y estable para atraer inversión privada; y el fomento de la innovación, la investigación, la creación, la adaptación y la transferencia tecnológica y científica.
Hemos integrado exitosamente al Perú en la economía global. El Perú diversifica su producción; incentiva la industria, la manufactura y el sector servicios; impulsa la asociatividad de las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, les brinda asistencia técnica, promueve la innovación tecnológica y fomenta su desarrollo, así como su articulación a ciudades intermedias y a grandes empresas; promueve el valor agregado de bienes y servicios; e incrementa sus exportaciones, especialmente las no tradicionales
Su producción es limpia y sostenible, y aporta al crecimiento económico del país en condiciones de equidad social e intergeneracional. Se ha fortalecido la capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos; se ha desarrollado una infraestructura que permite una mayor conectividad y capacidades productivas formales dentro del territorio nacional; y se continúa promoviendo la simplificación administrativa eficaz y continua.
Fomentamos un marco propicio para la inversión privada -nacional y extranjera- que genera empleo digno, así como la capacitación continua de los trabajadores y políticas de reconversión laboral. Hemos construido una cultura de competitividad y de compromiso empresarial con los objetivos nacionales; contamos con entes reguladores fortalecidos; y avanzamos hacia la formalización de las actividades económicas, que nos permiten elevar nuestra productividad. Asimismo, continuamos mejorando la calidad del empleo y reduciendo la informalidad, con ingresos y c ondiciones adecuadas y con acceso a la seguridad social para garantizar la dignidad de las personas en todo su ciclo de vida.
El planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo elaboradas en base a las potencialidades y capacidades de los diferentes territorios, han permitido el crecimiento de las economías regionales y locales. El uso de nuestros territorios se da en armonía con el bien común e integrando valores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales.
4. SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, PACÍFICA, RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBRE DEL TEMOR Y DE LA VIOLENCIA.
Nuestra democracia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales, el imperio de la ley, el acceso a la justicia y la gobernabilidad, en toda la República.
Somos un país respetuoso de nuestra Constitución y de los tratados y convenios internacionales celebrados por el Estado. Contamos con instituciones sólidas al servicio del ciudadano. La democracia y el Estado de derecho garantizan la autonomía de poderes; el respeto a la ley en todo el territorio nacional; así como el acceso universal a una justicia proba, oportuna y predecible en el marco de la seguridad jurídica. La cultura del diálogo y la concertación se ha institucionalizado en el Estado y entre las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil y los gremios empresariales, en base al respeto y la tolerancia. Constituimos un Estado soberano y sólidamente integrado en el escenario mundial.
Somos ciudadanos orgullosos de nuestra identidad nacional y de nuestro patrimonio, conscientes de nuestros derechos y deberes, que participamos en la vida pública de manera informada, ética, responsable, solidaria y en igualdad de condiciones entre todas las personas. Nos sentimos representados por un sistema de partidos políticos consolidado, que participa en elecciones libres, transparentes, que aseguran el pluralismo y la alternancia en el poder.
Vivimos libres del temor y de la violencia. El orden interno se ha fortalecido reduciendo, significativamente, la inseguridad ciudadana gracias a una Policía Nacional y a autoridades en los tres niveles de gobierno probas, practicantes de valores éticos y cívicos, que promueven normas de convivencia pacífica y una cultura de paz; así como a un sistema de justicia íntegro y eficiente. Hemos desarrollado una cultura de prevención y mecanismos eficientes para reducir todos los tipos de violencia, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres. Asimismo, el Estado tiene capacidad de luchar contra el crimen organizado como la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, la evasión tributaria, el contrabando en todas sus formas, la trata de personas y la minería y tala ilegales.
5. ESTADO MODERNO, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO QUE GARANTIZA UNA
SOCIEDAD JUSTA E INCLUSIVA, SIN CORRUPCIÓN Y SIN DEJAR A NADIE ATRÁS
El Estado unitario y descentralizado actúa en todo el territorio nacional de manera eficiente y transparente, bajo los principios de economía social de mercado, libre competencia, subsidiariedad y solidaridad, y garantiza la igualdad de oportunidades.
La gestión del Estado se basa en la ética y en la vocación de servicio al ciudadano; se da a través de una carrera pública revalorada y meritocrática; sus políticas se planifican y se articulan a nivel sectorial e intergubernamental, y están alineadas al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es una gestión moderna que usa intensivamente las tecnologías de la información para transparentar la información pública y acercarse a los ciudadanos; y es eficaz y eficiente, brindando servicios públicos adecuados, oportunos y de calidad que aseguran la igualdad de oportunidades. Por ello, las instituciones públicas cuentan con altos niveles de aprobación.
La descentralización del país es política, económica y administrativa. Las capacidades de los gobiernos regionales y locales están fortalecidas, y actúan bajo una clara delimitación de funciones y de manera articulada intergubernamentalmente, para mejorar la calidad de vida de las personas. La descentralización recoge la participación ciudadana a través de los planes de desarrollo concertado y de los presupuestos participativos. El proceso de ordenamiento y gestión territorial ha avanzado significativamente y de manera planificada, estratégica, e integrada; se basa en el conocimiento y en la investigación de la diversidad de nuestro territorio y en la sostenibilidad de sus ecosistemas; toma en cuenta las visiones regionales y las potencialidades de cada territorio; integra el territorio de manera eficaz, eficiente y diferenciada; y promueve la regionalización.
Las instituciones públicas y el sector privado cuentan con altos niveles de confianza ciudadana, gracias a su lucha frontal contra la corrupción. Nuestra educación en valores reafirma la corresponsabilidad; y el sistema de administración de justicia así como los organismos de control -autónomos y eficientes- combaten la impunidad. La ciudadanía se encuentra empoderada para hacer seguimiento a la acción del Estado y vigilar la probidad de los funcionarios, en un marco de transparencia, de acceso a la información y de libertad de expresión.
COMENTARIO: Habrá que ver si el estar tan alineado a los ODS haya sido una coincidencia del resultado y no que más bien haya alineado de arranque el producto final.
Faltaría incluir explícitamente los temas de desigualdad y el afianzamiento de trabajo en las brechas que las generan. Tambien el tema de los gobiernos locales y su futuro rol más preponderante en un escenario de glocalización y para diplomacia. Además, mayor impulso al tema digital y crisis sanitarias.
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